En China, en medio de la intensificación de la represión religiosa, ni siquiera el hecho de ser miembro de una iglesia oficial les garantiza a los creyentes que podrán practicar su fe.
por Li Guang
«Los funcionarios gubernamentales actúan como bandidos»
El 5 de diciembre de 2019, la Agencia de Gestión Urbana y Aplicación de la Ley del distrito de Weidong de Pingdingshan, una ciudad a nivel de prefectura de la provincia central de Henán, envió a más de 100 personas y dos grandes excavadoras para que demolieran la Iglesia de Sigou, la cual había sido designada como una «construcción ilegal». La congregación cantaba himnos y lloraba mientras observaban con impotencia cómo su hogar espiritual era destruido. Uno de ellos le dijo a Bitter Winter que el Estado había confiscado la mayor parte de las posesiones de la iglesia antes de la demolición. Lo restante quedó enterrado bajo los escombros de la iglesia demolida.
«La iglesia carecía de fondos para finalizar su construcción, por lo que donamos todo el dinero que pudimos, algunos 10 yuanes (alrededor de 1,4 dólares) y otros 5 yuanes (alrededor de 0,7 dólares)», continuó el creyente. “Una creyente de edad avanzada incluso donó el dinero que había ganado vendiendo su cabello. Desde el inicio de la construcción, cada día fue una lucha. Me siento sumamente miserable sabiendo que la iglesia fue demolida, incluso al ver los escombros me duele el corazón. Me mantengo alejado para evitar verlos”.
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